Más impuestos y menos control de la corrupción

martes, 3 de agosto de 2010 |

 

 

¿Cuál es el papel del Estado después de recaudados los impuestos?


 
La prensa ha publicado en estos días que el gobierno procederá a crear más impuestos y que  uno de ellos, anunciado por el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, es la "indexación"  de los combustibles, como si no estuviesen ya demasiado gravados o como si no hubiese otras fuentes presupuestarias para gastos innecesarios e ilegales.
 
El gobierno necesita impuestos para financiar la educación, salud, la seguridad social, salario a servidores públicos, en fin, todo lo que el Estado está obligado a hacer en pro de los ciudadanos y que solo se puede hacer  con dinero.
 
Pero cuando los impuestos se aprueban para financiar botellas, viajes oficiales, obras innecesarias como el Metro, compra de yipetas y desfalcos, el dominicano común tiende a rechazarlos y otros incurren en evasión fiscal. En conclusión, nadie quiere los indeseables impuestos.
 
La Constitución establece en su artículo 93 que es función del Congreso la creación de impuestos, y en su articulo 75, acápite 6, que los impuestos deben ser pagados por todos.  Si bien es cierto que estos dos artículos de la Constitución hacen que una ley impositiva no sea inconstitucional, no lo es menos que el Estado, después de recaudar impuestos, debe de garantizar su buena administración e inversión. En la parte in fine del artículo 75  se establece que: "Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente."
 
Pero con todos estos escándalos de corrupción, nómina CB, sobrevaluaciones, etc., no es posible pensar que se está garantizando la racionalidad del gasto público, ni imaginar  al menos que se está promocionando una administración pública eficiente.
 
Es bueno recordar que el FMI exigió al Estado dominicano una administración más austera y pulcra para mejorar la economía nacional, o sino deberá crear más impuestos, lo cual al final es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo.
 
El acápite 12 del artículo 75 de la Constitución establece que debemos de velar por el patrimonio publico y el artículo 22, acápite 5 nos permite denunciar a los corruptos en la justicia. De aplicarse estos dos artículos constitucionales por parte de la población, así como el invocado previamente sobre la racionalidad del gasto público, podremos lograr que no se creen impuestos innecesarios, habrá más transparencia en la ejecución presupuestaria, más pulcritud, más probidad, y mejor distribución de los fondos públicos.
 
Paulino_alejandro@hotmail.com
 
Alejandro Alberto Paulino Vallejo

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