PRD Se Querella En Suprema Con 3 Jueces De La JCE

miércoles, 4 de agosto de 2010 |

Martes, 3 de agosto de 2010. SANTO DOMINGO. 
PRD se querella ante la Suprema Corte contra 3 jueces de la Cámara Contenciosa
El Partido Revolucionario Dominicano se querelló este martes ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia contra los jueces Mariano Rodríguez, Leyda Piña y Jhon Guiliani, presidente y miembros de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, por incurrir en falsedad en escritura pública y prevaricación al emitir el auto 006/2010, sobre la elección de la senaduría por Pedernales.
Los querellantes exponen, a través de su abogado Ramón Emilio Concepción, que los citados magistrados se negaron a reconocer una serie de irregularidades y violaciones en los cómputos de la elección de la senaduría de Pedernales, y advierten que no se puede juramentar el supuesto senador por el Partido de la Liberación Dominicana, so pena de caer en sanciones previstas por el Código Penal.
La "Querella de Acción Pública a Instancia Privada con Constitución en Actor civil de Manera Directa", imputa a los jueces los delitos de Crímenes de Falsedad en Escritura Pública; Asociación de Malhechores; Atentado a la Libertad Cometido por Funcionarios Públicos; Coalición de Funcionarios Públicos y Prevaricación, previstos y sancionados en los artículos 145, 146, 147, 265, 266, 114, 123, 124, 126, 129, 166, 167 y 183, respectivamente del Código Penal Dominicano;
Además de incurrir en los Delitos y cuasidelitos previstos en los artículos 1382, 1383, y 1384 del Código Civil Dominicano y en el aspecto constitucional sobre la responsabilidad civil de las entidades públicas, sus funcionarios o agentes prevista en los artículos 68, 69, 73, 75 y 148 de la Constitución.
La querella, sustentada a nombre del PRD por su presidente, Miguel Vargas, y Saturnino Espinal, precisa que establecidas las irregularidades cometidas en las elección de la senaduría de Pedernales en una auditoría hecha por la Dirección Nacional de Informática de la JCE, la Cámara Contenciosa dictó su Auto No. 005/2010, disponiendo el reconteo de votos, pero que violentando el Principio Dispositivo de los Procesos emitió posteriormente el Auto 006/2010 retractándose de su auto anterior.
Dice que al motivar su retractación los jueces olvidaron que sus argumentaciones sólo serían validas, si estuviéramos ante un proceso de exclusivo interés privado, en el que las partes son dueños absolutos de sus propios intereses.
Altísimo orden público
"Esta desafortunada argumentación aquí no es aplicable porque el derecho o el proceso electoral, es decir, elegir o ser elegido es un ASUNTO DE ALTISIMO ORDEN PUBLICO, y estos señores tan enjundiosos en materia jurídica, que conocen el principio de que ¨Las convenciones particulares no derogan asuntos de orden público, como lo establece el artículo 6 del Código Civil Dominicano cuando señala: ¨Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares", expone el acto de Concepción.
Los querellantes citan a la también magistrada Aura Celeste Fernández quien enjuició que con el fallo de Rodríguez, Piña y Guiliani la Cámara Contenciosa "violentó el derecho y afectó la transparencia que estaba obligada a ejercer respecto del caso del que estaba apoderada y que "echar para atrás la atinada decisión de ordenar la verificación y reconteo de los votos emitidos en el colegio electoral No. 0009, de Oviedo, Pedernales, constituye un revés respecto de la obligación de la Cámara Contenciosa Electoral, de rendir una justicia oportuna e imparcial, como lo demanda la sociedad dominicana".
Establece que los magistrados Rodríguez, Piña y Guilliani han arrancado con violencia jurídica el derecho de elegir y ser elegido, respaldado por la Constitución, por lo que procede aplicar la condición resolutoria a todos los actos que dictó la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, al margen de la Constitución, de la ley y de los principios jurídicos.
Plantean que en el fondo del recurso que presentan a la suprema Corte de Justicia procede determinar si vivimos en un estado de derecho o en un caos jurídico y determinar también si está vigente el principio de separación de los poderes plasmado en la Constitución y que, en síntesis, procede determinar "si aquí está vigente el poder de la ley, o la ley del poder".
Piden al juez presidente de la Suprema que declare buena y válida la querella, dar inicio a las investigaciones de lugar, poner en marcha la acción pública a instancia privada a fin de que sea apoderado el Juez de Instrucción, que el juez eventualmente apoderado imponga a los imputados medidas de coerción que oportunamente solicitarán, y que constituidos los querellantes en actores civiles oportunamente reclamarán a los co-imputados el pago solidario de la suma de 321 millones 890 pesos como reparación por daños morales y materiales y hacen reservas contra aquellos que a lo largo del proceso de investigación pudiere determinarse que están relacionados con los hechos ñeque se basa la querella.
3 de agosto, 2010.
RAMON EMILIO CONCEPCION
Oficina de Abogados
Avenida 27 de Febrero No.340, Urbanización Centauro, Distrito Nacional.
Celular No.809-481-7983; Teléfono de Oficina 809-472-3036
__________________________________________________________________
Al : Magistrado Juez Presidente de La Suprema Corte de Justicia;
Vía : Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia;
Asunto : Interposición de Formal Querella de Acción Pública a Instancia Privada con Constitución en Actor Civil de Manera Directa;
Querellantes y
Actores Civiles : PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD) Y JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL;
Abogado de los
Querellantes : LIC. RAMON EMILIO CONCEPCION.
Imputados : DR. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, DRA. LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y DR. JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, todos dominicanos, mayores de edad, Jueces de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, portadores de las Cédulas de Identidad y Electoral Nos.001-0105865'9, 047-0115437-1 y 001-0095513-7, respectivamente, domiciliados en la sede principal de la Junta Central Electoral, ubicada en la intersección formadas por las avenidas Luperón y 27 de Febrero, de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional;
Imputaciones : Crímenes de Falsedad en Escritura Pública; Asociación de Malhechores; Atentado a la Libertad Cometido por Funcionarios Públicos; Coalición de Funcionarios Públicos y Prevaricación, previstos y sancionados en los artículos 145, 146, 147, 265, 266, 114, 123, 124, 126, 129, 166, 167 y 183, respectivamente del Código Penal Dominicano;
Violaciones civiles : Delitos y cuasidelitos previstos en los artículos 1382, 1383, y 1384 del Código Civil Dominicano;
Violación
Constitucional : De la responsabilidad civil de las entidades públicas, sus funcionarios o agentes prevista en los artículos 68, 69, 73, 75 y 148 de la Constitución Política Dominicana;
Honorable Magistrado:
Los exponentes querellantes, PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), organización política de derecho público de conformidad con las leyes de la República Dominicana, y regida además por sus estatutos, con domicilio en la Avenida Jiménez Moya No.14, casi esquina Avenida Sarasota, de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, debidamente representado por su Presidente, señor ING. MIGUEL VARGAS MALDONADO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0141385-4, domiciliado en el domicilio más arriba indicado; y el señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, dominicano, mayor de edad, Candidato a Senador de la Provincia de Pedernales por el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.069-0004013-7, domiciliado en la calle Santo Domingo No.12, de la Provincia de Pedernales, quienes tienen como abogado constituido y apoderado especial al LICENCIADO RAMON EMILIO CONCEPCION, dominicano, mayor de edad, casado, Abogado de los Tribunales de la República, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0151376-0, con estudio profesional abierto de manera permanente en la Avenida 27 de Febrero No.340, Urbanización Centauro, en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, el cual constituye el domicilio procesal y de elección, de los querellantes y su abogado constituido, tienen a bien exponer lo siguiente:
DEL APODERAMIENTO.
Que el artículo 16 de la Ley 25-91, de fecha quince (15) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991) que crea la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, establece: ¨Será competencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia la tramitación de todos los asuntos de naturaleza puramente administrativa¨;
Que el artículo 17 de la Ley 25-91, más arriba citada, dice: ¨Asimismo, es competencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia la recepción a través de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de todos los expedientes y cursarlos según su naturaleza a la Cámara correspondiente para su solución. En materia Civil, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictará los autos que autorizan a emplazar. En materia Penal, por auto, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia apoderará según los casos a la Suprema Corte de Justicia en pleno, o a la Cámara que corresponda. Asimismo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijará las audiencias tanto en Materia Civil como en lo Penal en los casos que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia en pleno. Asimismo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia podrá convocar a las Cámaras para el conocimiento de los asuntos independientemente de la facultad del Presidente de cada una de fijar las audiencias¨;

Que el artículo 25 de la Ley 25-91, de la misma ley arriba citada, dispone que: ¨En todos los casos de apoderamiento directo por querella de parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijará las audiencias si el caso es de índole correccional. Si el caso es de índole criminal, el Presidente designará un Juez de Instrucción que cumplirá los requisitos previos del apoderamiento¨
Que la Suprema Corte de Justicia en su Sentencia de fecha 19 de febrero del año 2007, la No.79, dijo lo siguiente: ¨Considerando: que de los textos transcritos se infiere que las querellas por apoderamiento directo, como es el caso, deben ser interpuestas por ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y no por ante la cámara penal;
Que el artículo 154 de la Constitución de la Constitución Política de la República Dominicana, expresa que es atribución de la Suprema Corte de Justicia conocer en única instancia de las causas penales seguidas a los miembros de la Junta Central Electoral;
RELATO CIRCUNSTANCIAL DE LOS HECHOS.
1.- Que el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), en el ejercicio que le otorga la Constitución, las leyes de la República y los estatutos que rigen su organización llevó como Candidato a Senador por la Provincia de Pedernales al señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, en las elecciones que se celebraron el día 16 de mayo del año 2010;
2.- Que celebradas las elecciones en el nivel congresual de la Provincia de Pedernales, en el Municipio de Oviedo específicamente se cometieron hechos electorales que constituyen no sólo delitos electorales; sino, que la actuación de los querellados, los llevó a cometer acciones que los hizo pasibles de ser perseguidos por crímenes y delitos que más adelante se describen;
3.- Que entre los hechos cometidos por las autoridades electorales, tanto del Municipio de Oviedo, como los miembros de la Cámara Contenciosa
querellados, se encuentran los que describimos a continuación:
a) Que al momento de sumar los votos obtenidos por los candidatos a Senador y diputados en el Municipio de Oviedo, al candidato a senador del PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), no les fueron sumados los votos que obtuvieron los candidatos a Diputados de dicho partido en el Colegio Electoral No.0009 del Municipio de Oviedo;
b) Que el caso del Candidato a Senador del PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANO (PLD), si les sumaron los votos obtenidos por los candidatos a diputados. (Ver extracto de relación de votación anexa, correspondiente al Colegio Electoral No.0009 del Municipio de Oviedo);
c) Que los votos obtenidos por el Candidato a Senador por el PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA (PLD) en ese colegio fueron seis (6) votos, los que sumados a los sesenta y cuatro (64) que obtuvieron los dos (2) candidatos a Diputados; constituye un total de setenta (70) votos, los que aparecen correctamente en el extracto de la relación de votación correspondiente al Colegio No.0009 del Municipio de Oviedo. (Ver Acta ¨A¨ de dicho colegio anexa al expediente);
d) Que los votos obtenidos por el Candidato a Senador por el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD) en el mismo Colegio Electoral No.0009, del Municipio de Oviedo, totalizan cuarenta y nueve (49) votos, los que sumados a los noventa y nueve (99) votos que en ese colegio obtuvieron los dos (2) Candidatos a Diputados por el PRD, totaliza la cantidad de ciento cuarenta y ocho (148) votos, los cuales no fueron sumados de la misma forma, que le fueron sumados al PLD, razón por la cual, al Candidato a Senador por el PRD, en el extracto de la relación de votación, sólo le aparecen 49 votos, y no lo correcto que son 148 votos.
(Ver acta de extracto de relación de votación ¨A¨ anexa al expediente);
4.- Que al observar los extractos de las relaciones de votación correspondientes a las elecciones municipales y congresionales, del Colegio No.0009 del Municipio de Oviedo, puede determinarse, que los mismos presentan un descuadre exactamente de los noventa y nueve (99) votos que no les han sido sumados al candidato a senador del PRD;
5.- Que por esa razón, el extracto de la relación de votación del nivel municipal aparece con doscientos cincuentiun (251) votos; mientras que el nivel congresual aparece con ciento cincuenta y dos (152) votos, los que sumados a los noventa y nueve (99) faltantes que sacaron los dos (2) Candidatos a Diputados del PRD hace el cuadre de ambas boletas con un total de doscientos cincuentiun (251) votos;
6.- Que cuando se observa el acta ¨A1¨ correspondiente a la sumatoria de los votos obtenidos por los Candidatos a Diputados, puede apreciarse que los dos (2) Candidatos a Diputados por el PRD obtuvieron 57 y 42 votos, respectivamente, que es la cantidad de votos faltantes para el cuadre del Colegio Electoral No.0009, del Municipio de Oviedo, con los que el PRD resulta ganador de esa Senaduría, y esto constituye una verdad incontestable, una realidad palmaria, matemática y jurídica que los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, Jueces Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL no han querido reconocer y admitir bajo ninguna circunstancia;
EN RESUMEN:
Honorable Magistrado, esta situación así redactada es la que se han negado a reconocer los ya citados Jueces Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, con una actitud, no tan sólo extraña, sino, además sospechosa, por los motivos que a continuación exponemos:
a) La JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL DE OVIEDO, ante una formal petición de anulación del proceso de validación de votos nulos y observados y un Recurso de Revisión de todas las actas del Colegio Electoral No.0009, sin ningún tipo de motivación ni argumentación resolutó lo siguiente: ¨Nos acogemos a la posición del DR. FERNANDO GONZALEZ D., sobre el rechazo de las solicitudes, sobre la anulación y revisión de votos nulos y observados, por improcedente, y pueden recurrir a un nivel superior para conocer el caso¨;
Increíble, pero cierto, Honorable Magistrado, con ésta desfachatez, se despachó la JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL DE OVIEDO, ante un asunto tan grave como el que le fue planteado;
Es frente a este adefesio jurídico-electoral, que el PRD y el candidato a Senador JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, no conforme con este esperpento, interponen formal Recurso de Apelación contra la desafortunada decisión contenida en el Acta No.013-2010, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil diez (2010), que rindiera como se dijo la JUNTA ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE OVIEDO, en la Provincia de Pedernales; concluyendo o peticionándose lo siguiente:


Primero: Declara buena y valida (sic) tanto en la forma como en el fondo el presente recurso de apelación contra la Decisión 13 de fecha 19 de mayo del año 2010, dictada por la Junta Electoral del Municipio de Oviedo, Provincia de Pedernales; Segundo: Que esa Junta Central Electoral ordene el escrutinio voto a voto del Colegio Electoral No.0009, recinto 00002, Escuela Liceo Ramón Matías Mella, Municipio Oviedo, Provincia Pedernales;
También el PRD y el candidato a Senador, señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, en fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diez (2010), mediante instancia depositada ese mismo día en la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, solicitaron ¨Declarar la nulidad del Colegio Electoral 0009 del Municipio de Oviedo (…..);
De igual manera el candidato a Senador, señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, en esa misma fecha 22 de mayo del año 2010 solicitó ¨Anular el Boletín Electoral No.8, de fecha 17 de mayo del año 2010, generado a las 12:28 p. m., por haber sido dictado en violación a la normativa electoral y consecuentemente declarar válido el Boletín No.7, de fecha 17 de mayo del 2010, generado a las 7:55 de la mañana, hora que se cerró el computo electoral¨;
La CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL ante las peticiones formuladas por el PRD y por el candidato a Senador, señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, y para comprobar o no, todo cuanto se planteó; decidió antes de conocer el fondo de dichos pedimentos según se indica en las páginas No.7 y 8 de su Auto No.005/2010, de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diez (2010), lo siguiente:
Considerando: Que con la finalidad de determinar la situación real ocurrida en el escrutinio del Colegio Electoral No. 0009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella, del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales, esta Cámara Contenciosa Electoral, solicitó a la Dirección Nacional de Informática, realizar una auditoría de la cual resultaron los datos siguientes: Votos emitidos en el nivel "A": 152, en el nivel "B": 251; diferencia de votos entre el nivel "A" y "B": 99; votos preferenciales 196; la suma de los votos emitidos en el nivel "A" con el nivel A-l (voto preferencial), arroja un total de 348 votos, en un Colegio Electoral con 356 inscritos, es decir, que evidencia una votación de un 97.75%, de los ciudadanos con derecho al voto inscritos en el referido colegio.-----------------------------------------------------------------------
Considerando: Que esta Cámara Contenciosa Electoral al verificar que los resultados de la auditoría no le proporcionaron los datos suficientes que le permitieren adoptar una decisión conforme al derecho, para una sana aplicación de justicia, procedió a solicitar a la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, a través de la Dirección Nacional de Elecciones, el Acta original y la Lista Definitiva de Electores, con la finalidad de analizar dichos documentos y comparar si la imagen que se encuentra en el archivo de la Dirección Nacional de Informática corresponde a la Relación de Votación original que reposa en el Acta del Electoral No. 0009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella, del Municipio Oviedo, Provincia de Pedernales.---------
Considerando: Que del análisis de las piezas precedentemente indicadas esta Cámara Contenciosa Electoral, determinó que las imágenes de la Relación de Votación del Colegio Electoral No. 0009, ubicado en el Liceo Ramón Matías, del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales, que reposan en los archivos de la Dirección Nacional de Informática, corresponden a los originales; por consiguiente, las incongruencias señaladas anteriormente son las mismas; sin embargo esta Cámara procedió a verificar la Lista Definitiva de Electores y determinó que los concurrentes fueron 241, no los 142 que indica la Relación de Votación en el nivel "A", ni los 251, que señala la Relación de Votación en el nivel "B". (El subrayado es nuestro).------------------------------
Considerando: Que en situaciones similares a las que presentan los documentos electorales en cuestión ha sido uso y costumbre de las Juntas Electorales proceder a declarar la nulidad de los resultados del nivel "A" o A-l (voto preferencial), sin embargo, en el caso que nos ocupa, declarar la nulidad de la Relación de Votación del nivel A-l (voto preferencial), no resolvería el problema de descuadre que ha quedado evidenciado, puesto que la relación de votación del nivel "A" indica que se emitieron 152 votos y el nivel A-l indica que se emitieron 196 votos que deberían estar contenidos en los resultados de votación obtenidos por los candidatos a Senadores de los partidos políticos correspondientes, que no pueden sumárseles porque al hacerlo, los resultados indicarían que hubo más votos que votantes.---------------------------------------------------------------------
Considerando: Que esta Cámara Contenciosa Electoral es de opinión que en lo relativo al Colegio Electoral No. 0009, ubicado en Liceo Ramón Matías Mella, del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales, debe agotar todos los mecanismos que tiene a su alcance con la finalidad de evitar vulnerar el derecho de elegir que tienen los electores inscritos en el referido Colegio Electoral; y por esa razón, esta Cámara Contenciosa Electoral procedió a realizar un análisis minucioso y ponderado de los documentos precedentemente indicados, determinando que es necesario proceder a verificar la valija contentiva de los votos emitidos por los electores en el Colegio Electoral No. 0009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella, del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales.----------------------------------------------------
Es debido a esta comprobación fehaciente, certera y categórica, que los cinco (5) Jueces Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LAJUNTA CENTRAL ELECTORAL actuando de oficio, porque podían y pueden hacerlo, por tratarse de un asunto de altísimo ¨ORDEN PUBLICO¨, en su Auto No.005/2010, de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diez (2010), decidieron lo siguiente:
RESUELVE: Primero: Ordenar como al efecto ordena, de oficio, la verificación y reconteo de los votos emitidos en el Colegio Electoral No. 0009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella, del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales. Segundo: Ordenar como al efecto ordena, a la Secretaria de esta Cámara Contenciosa Electoral, solicitar a la Cámara Administrativa de la Junta Central, a través de la Dirección Nacional de Elecciones, la valija contentiva de los votos emitidos en el Colegio Electoral No.0009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales. Tercero: Ordenar como al efecto ordena, a la secretaria de esta Cámara Contenciosa Electoral convocar para el día martes 15 de junio del año 2010 a las once de la mañana (11 :00 A.M), a los delegados políticos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), acreditados ante esta Junta Central Electoral a comparecer personalmente o mediante representación, a la Sala de Partidos Políticos, ubicada en el primer piso de la Sede Central de esta Institución, sito en las Av. Luperón y 27 de Febrero, frente a la "Plaza de la Bandera". Cuarto: Ordenar como al efecto ordena, a la Secretaria de esta Cámara Contenciosa Electoral, organizar la logística correspondiente, a fin de que sea ejecutada la presente decisión. Quinto: Ordenar como al efecto ordena que el presente Auto sea publicado y notificado conforme a las previsiones legales correspondientes.--------------------------
Honorable Magistrado, ante una decisión como ésta, la contenida en ese Auto No.005/2010, no se puede colegir otra interpretación que no sea la de afirmar que la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL comprobó la comisión de hechos electorales que conforman los llamados DELITOS ELECTORALES sancionados no sólo por la ley electoral, sino, que ya fueron comprobados hechos electorales que constituyen crímenes y delitos cometidos contra un partido y contra un ciudadano al cual les han sido conculcados derechos fundamentales protegidos por la Constitución y por las leyes, como son el derecho de elegir y ser elegido;
Y para la comisión de estos crímenes y delitos como demostraremos más adelante, necesariamente hubo Concierto y Coalición de Funcionarios Públicos, sancionados por el Código Penal Dominicano, según se verifica en la parte concerniente a la relación de derecho;
El PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA (PLD), que sabía lo que significaría ese escrutinio ordenado de oficio por la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL; se opuso rabiosa y radicalmente a que esta decisión de recontar los votos del Colegio Electoral No.0009 del Municipio de Oviedo se llegase a ejecutar, por que de antemano sabía cual iba a ser el resultado de dicho reconteo; y efectivamente, el PLD, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil (2010), apoderó a la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL de una solicitud de retractación contra el Auto No.005/2010, que había ordenado como se señaló precedentemente, el reconteo de los votos del Colegio 0009 del Municipio de Oviedo;
La CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, decidió retractarse de una decisión que habían tomado sus cinco (5) miembros; ahora con la firma de sólo tres (3) de ellos, los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, para complacer a sus mandantes, los señores que hoy detentan todo el poder político del país aduciendo en el último considerando de la página 6 que se extiende a la 7 y primer considerando de la página 7 de su Auto No.006/2010, de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil diez (2010), lo siguiente:
Considerando: Que al momento en que esta Cámara Contenciosa Electoral, emitió el Auto No.005/2010 de fecha 14 de junio del año 2010, mediante el cual ordena el reconteo del Colegio Electoral No. 0009, del Municipio Oviedo, Pedernales, inobservó, las decisiones adoptadas por ambas organizaciones políticas en la Audiencia Pública celebrada en fecha 27 de mayo del año 2010; y por consiguiente, violentó el "Principio Dispositivo de los Procesos", el cual reconoce a las partes el dominio del Litigio y la iniciativa en el impulso del proceso. (Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, pág. 416).------------------------------------------------------
Considerando: Que en ese mismo tenor, la circunstancia de que los abogados representantes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), formularan desistimiento de su pretensión, en cuanto a que se ordene el escrutinio voto a voto (reconteo), en el referido colegio No. 0009 de Oviedo y plantearan nuevas conclusiones relativas a la nulidad de las elecciones efectuadas en dicho colegio, unidas al hecho de que los abogados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aceptaran "in voce", pura y simplemente la renuncia, constituye un hecho jurídico que de conformidad con las disposiciones del Art. 403 del Código de Procedimiento Civil, impide a la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral como tribunal de justicia electoral como tribunal de justicia electoral ponderar o conocer nuevamente del asunto desistido, por lo que, dicha Cámara Contenciosa se encontraba en la imposibilidad jurídica de ejecutar la medida de instrucción ordenada relativa al reconteo de los votos.--------------------------------------------
En resumen, esto fue cuanto sostuvo la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, para adoptar una decisión que ha manchado el proceso electoral del país, como nunca antes había sucedido y repetimos lo siguiente:

Señala la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL: Considerando Que al momento en que esta Cámara Contenciosa Electoral, emitió el Auto. 005/2010, de fecha 14 de junio del año 2010, mediante el cual ordena el reconteo del Colegio Electoral No. 0009, del Municipio Oviedo, Pedernales, inobservó, las decisiones adoptadas por ambas organizaciones políticas en la Audiencia Pública celebrada en fecha 27 de mayo del año 2010; y por consiguiente, violentó el "Principio Dispositivo de los Procesos", el cual reconoce a las partes el dominio del Litigio y la iniciativa en el impulso del proceso, y ahora agregamos nosotros que la CAMARA CONTENCIOSA para dar connotaciones de ¨conocimientos¨ jurídicos cita a Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, pág. 416;
De esta forma, los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, Jueces Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, firmantes y afirmantes del aberrante Auto No.006/2010, de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil diez (2010), hoy atacado, se olvidan que sus argumentaciones tan sólo serían validas, si estuviéramos ante un proceso de exclusivo interés privado, en el que las partes son propietarios y dueños absolutos de sus propios intereses.
Esta desafortunada argumentación aquí no es aplicable porque el derecho o el proceso electoral, es decir, elegir o ser elegido es un ASUNTO DE ALTISIMO ORDEN PUBLICO, y estos señores tan enjundiosos en materia jurídica me imagino, que conocen el principio de que ¨Las convenciones particulares no derogan asuntos de orden público, como lo establece el artículo 6 del Código Civil Dominicano cuando señala: ¨Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares¨;
Aniquilada, pues, la primera falsedad de la verdad cometida por los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, Jueces Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en su afán
de decir el ¨Rey ordena y los vasallos cumplen¨;
Y, esto es así, porque los enjundiosos Jueces, los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, olvidaron el antiquísimo aforismo jurídico que reza: ¨Specialias generalibus derogant¨, esto es, las disposiciones especiales derogan las generales, o más claro aún, ¨En la interpretación de las leyes, el texto que solo se aplique a un caso particular debe ser considerado como derogación a una regla general¨. El derecho electoral es un derecho especial, no puede ser derogado por un derecho usual, ni por el derecho común como tratan inútilmente de justificar los mencionados Jueces de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL;
Siguen sosteniendo los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ
RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, en otra parte de su desafortunado Auto No.006/2010, objeto de retractación. Que la Ley Electoral, no faculta a esa CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL para examinar las boletas en el curso preparatorio de los expedientes y es muy categórica en su artículo 151 el cual expresa lo siguiente: ¨La Junta Electoral, de oficio, en Cámara de Consejo por resolución motivada, podrá anular las elecciones de uno o varios colegios o con respecto a uno o varios cargos en los casos siguientes: 1° Cuando conste de manera concluyente, por el sólo examen de los documentos prescindiendo del examen de las boletas, que existe alguna de las causas de nulidad prevista en esta ley (…);
Cuanta ¨enjundia¨ jurídica imaginamos creyeron los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, había en esta peregrina afirmación; para no llamarle cantinflesca afirmación, pues lo primero es, que desconocen estos señores con esta argucia y evidente malicia, el antiquísimo principio de que ¨el Juez de la acción es el Juez de la excepción¨ o más contundente aún, el otro principio jurídico que reza: ¨quien puede lo más puede lo menos¨, como es posible que si ellos pueden ordenar la nulidad de un proceso o de una parte de un proceso electoral, no pueden ordenar un reconteo de votos –que ¨ingenuidad¨-, como diría el famoso personaje de TRES PATINES, en el renombrado programa denominado ¨LA TREMENDA CORTE¨;
Además, cuando la ley habla de prescindir de las boletas en el examen de nulidad, esto, lo que significa, es que si la boleta está en la urna, ha de suponerse que ha sido previamente validada por la JUNTA CENTRAL ELECTORAL y por vía de consecuencia, puede anular el proceso, no así la boleta, creo que para entender esto, no hay que ser científico de la Nasa ni ingeniero nuclear;
Resulta pues, aniquilada esta otra mentira jurídica que falsea la verdad procesal de este torneo electoral correspondiente al Colegio 0009 del
Municipio de Oviedo;
Otro argumento concierne al hecho, que como se trataba de una sentencia preparatoria, a la luz del artículo 452 del Código Procedimiento Civil, la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL podía volver sobre su propia sentencia; si hubiese sido preparatoria esto pudiera haber sido posible, pero olvidan estos señores que la decisión No.005/2010, es una sentencia de fondo, pues de lo que el PRD y el Candidato a Senador, apoderaron fue de una demanda en reconteo de votos entre otras cosas, por lo que la decisión que así lo ordenó decidió sobre el fondo de lo peticionado, no sobre un asunto meramente preparatorio, que en el peor de los casos esta decisión, la No.005/2010, podría encuadrarse dentro de una definición de sentencia interlocutoria, porque prejuzgaba el fondo si la misma se mantenía, por lo que esta decisión fue ¨erronéamente¨ calificada de preparatoria por los miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL firmantes de la misma; aniquilado, este otro argumento, o mejor dicho fulminado;
Un punto vital de la decisión No.006/2010, es cuando los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, afirman en la página 10, lo siguiente: CONSIDERANDO: ¨Que es de principio que todo tribunal está en la obligación de cumplir y ejecutar las medidas de instrucción que ordena en el curso de un proceso sobre todo cuando, como en la especie (sic) ha considerado que los mismos son necesarios para el esclarecimiento de los hechos sometidos a su consideración y solución; y agrega la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL después de este párrafo, que no tiene desperdicio; que por excepción esa obligación del tribunal cesa cuando la parte que ha solicitado la medida y en beneficio de quien ha sido dictada la misma renuncia a hacer uso de la misma…..¨;
Honorable Magistrado, en este considerando está la parte esencial y medular de la comisión de los crímenes y delitos que más adelante enunciaremos, pues, la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL aquí establece la obligación que sus miembros tenían de hacer ejecutar su propia decisión cuando afirman que esa toma de decisión ¨como en la especie era necesaria para el esclarecimiento de los hechos….¨; sin embargo, se acogen a la petición de las partes para capitular frente a la obligación que ellos se habían impuesto; y que era lo correcto por tratarse como se dijo antes de un asunto de ALTISIMO ORDEN PUBLICO, como es el derecho de elegir y ser elegido consagrados en la Constitución de la República;
Porque de aceptar esta argumentación, ¿Dónde quedaría el ORDEN PUBLICO, sería la pregunta a formularnos? y sobre todo, después que la propia CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL confirmó como dice en su Auto No.005/2010, que se habían cometido los crímenes y delitos que ellos pudieron constatar; aquí podría terminar este escrito, Honorable Magistrado, pero no, resulta necesario profundizar un poco más, para que no quede establecido este funesto precedente, de que con la complicidad de la autoridad electoral, se pueda o se quede burlada la voluntad popular;

Finalmente, y en este aspecto, vale la pena resaltar este otro CONSIDERANDO en el que la CAMARA CONTENCIOSA sostiene que: ¨ordenó la revisión y reconteo de los votos del Colegio Electoral No.0009, ubicado en el LICEO RAMON MATIAS MELLA, del Municipio Oviedo, con la intención de esclarecer la cantidad de votos correspondientes a cada uno de los candidatos y de esa manera proteger el Derecho Constitucional de elegir que tienen los electores…. Pero a seguidas agrega ¨ingenuamente¨ diríamos nosotros, -pero, al ser objetada la decisión por ambas organizaciones políticas esta CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL, determinó que procede revocar su decisión, en virtud de que carece de fundamento ejecutar un procedimiento cuestionado por las partes envueltas en dicho proceso;
Aquí, habría que hacer un alto en el camino y preguntarse, ¿Porqué los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, ni siquiera repararon, mucho menos argumentaron en contra de lo que sostuvo de manera ejemplar en su VOTO RAZONADO la DRA. AURA CELESTE FERNANDEZ, miembro titular de ese Tribunal, veamos lo que dijo esa Magistrada:

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
¡Comprometidos con la Verdad!
"Año de la Reactivación Económica Nacional"
Cámara Contenciosa Electoral
17 de junio de 2010 

Magistrado
Dr. Mariano Américo Rodríguez Rijo
Presidente
Cámara Contenciosa Electoral
Junta Central Electoral
Su despacho.-
Asunto: Voto Razonado con relación a nuestra oposición a que la Cámara Contenciosa Electoral se retractara de lo dispuesto mediante el Auto No. 005/2010, de fecha 14 de junio del año 2010, mediante el cual ordenó, de oficio, la verificación y reconteo de los votos emitidos en el colegio electoral No. 0009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella, del Municipio de Oviedo, Provincia Pedernales.
Honorable Magistrado:
Quien suscribe, Aura Celeste Fernández Rodríguez, en su condición de Miembra Titular de la Cámara Contenciosa Electoral, deja constancia de su oposición a la decisión adoptada por esta instancia, con el voto de tres magistrados, los doctores Mariano Américo Rodríguez Rijo, John Newton Guiliani Valenzuela y Leyda Margarita Piña Medrano, de que se revocara la medida de instrucción ordenada por esta misma Cámara Contenciosa Electoral, respecto del colegio electoral del asunto, a fin de transparentar todo lo relativo a las votaciones o sufragios llevados a cabo en el mismo, el pasado 16 de mayo; y en tal virtud procede a exponer las razones de su voto contrario:
1.- A que el 14 de junio del año 2010, la Cámara Contenciosa Electoral emitió el Auto No. 005/2010, mediante el cual decidió a unanimidad:
"Primero: Ordenar como al efecto ordena, de oficio, la verificación y reconteo de los votos emitidos en el Colegio Electoral No. 0009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella, del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales.
Segundo: Ordenar como al efecto ordena, a la Secretaria de esta Cámara Contenciosa Electoral, solicitar a la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, a través de la Dirección Nacional de Elecciones, la valija contentiva de los votos emitidos en el Colegio Electoral No. 0009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella, del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales.
Tercero: Ordenar como al efecto ordena, a la Secretaria de esta Cámara Contenciosa Electoral, convocar para el día martes 15 de junio del año 2010, a las once de la mañana (11:00 a.m), a los delegados políticos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), acreditados ante esta Junta Central Electoral a comparecer personalmente o mediante representación, a la Sala de Partidos Políticos, ubicada en el primer piso de la Sede Central de esta Institución, sito en las Av. Luperón y 27 de Febrero, frente a la "Plaza de la Bandera".
Cuarto: Ordenar como al efecto ordena, a la Secretaria de esta Cámara Contenciosa Electoral, organizar la logística correspondiente, a fin de que sea ejecutada la presente decisión.
Quinto: Ordenar como al efecto ordena que el presente Auto sea publicado y notificado conforme a las previsiones legales correspondientes..."
2.- Que el referido Auto No. 005/2010, está motivado en el hecho de que era necesario determinar la situación real ocurrida en el escrutinio del colegio electoral No. 009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella, del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales, en virtud de que al momento de fallar el recurso de apelación incoado por el señor José Saturnino Espinal, candidato a senador del PRD, por la provincia de Pedernales, esta Cámara Contenciosa Electoral solicitó a la Dirección Nacional de Informática de esta Junta Central Electoral, realizar una auditoría respecto de las imágenes escaneadas del colegio electoral No. 0009, de Oviedo, que concluyó que en el resultado de las votaciones existen una serie de incongruencias e irregularidades, que fueron confirmadas por la Cámara Contenciosa, al verificar los originales de las actas del colegio, la lista definitiva de electores y la relación de votación que reposan en el Departamento de Logística Electoral de esta institución.
3.- Que el experticio presentado a la Cámara Contenciosa Electoral por el Licenciado Miguel Ángel García, Administrador General de Informática de esta Junta Central Electoral, concluyó que en ese colegio electoral hay una diferencia entre los votos emitidos en el nivel A y el nivel B, de 99 votos; que existe un descuadre entre las relación de votación del nivel A y nivel A-1, en el sentido de que en el A consta que se emitieron 152 votos y el A-1, 196, debiendo estar estos últimos votos (196) contenidos en la relación de votación del nivel A; que si se sumaran los 152 votos del nivel A, con los 196 del nivel A- 1, darían una suma equivalente a 348 votos, no coincidiendo este número con la cantidad de electores que esta Cámara Contenciosa Electoral verificó que fueron a votar, como consta en la lista definitiva de electores, esto es, 241; la Cámara constató del experticio, que si se sumaran los votos que figuran en los niveles A y A-1 (348 votos), se hubiera tenido que llegar a la conclusión de que en el colegio electoral 0009 votó un 97.75% de los 356 ciudadanos/as inscritos en el mismo.
4.- Que en situaciones como las expresadas, lo que procede, de conformidad con la Ley Electoral, es ordenar la nulidad de los resultados de los niveles A y A-1, sin embargo la Cámara Contenciosa Electoral optó por ordenar una medida de instrucción, en su Auto No. 005/2010, de fecha 14 de junio del año 2010, que ayudara a clarificar todas estas incongruencias e irregularidades detalladas.
5.- Que la apertura de la valija contentiva de los votos del colegio 0009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella, del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales, hubiera sido fundamental y constituía el único medio objetivo por el que la Cámara Contenciosa Electoral hubiera podido encontrar la explicación de las incongruencias e irregularidades contactadas en los documentos revisados, para poder emitir un fallo justo y apegado a la ley y a los hechos reales, respecto del recurso de apelación incoado por el candidato a senador por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Señor José Saturnino Espinal.
6.- El Auto No. 005/2010, de fecha 14 de junio del año 2010, dictado por esta Cámara Contenciosa Electoral constituye una medida preparatoria, que de conformidad con la ley no es objeto de ningún recurso, constituyendo una medida jurisdiccional, que no puede ser objeto de recurso de reconsideración alguno.
7.- Que a la Cámara Contenciosa Electoral no le fue aportado, por la parte que recurrió el Auto No. 005/2010, de fecha 14 de junio del año 2010, ésto es, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), elemento nuevo alguno que contradijera los datos arrojados por el experticío hecho por la Cámara Contenciosa Electoral y que se constituyera en la fuente que fundamentara la decisión de retractarse de una medida de instrucción como la que se ordenó y que fue tan bien motivada por la Cámara Contenciosa Electoral, en su Auto revocado No. 005/2010.
8.- Que la justicia electoral amerita la realización, en el marco de la ley, de todas las medidas que puedan esclarecer los hechos y hacer prevalecer la transparencia para que la decisión que se adopte no sea objeto de dudas respecto de los actores del sistema.
9.- Que la preocupación y desconfianza respecto del resguardo de la valija del colegio No.0009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella, del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales, que expresara el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en el punto 13 de su escrito de réplica y la oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresada en su recurso, no constituyen motivos que tengan el peso suficiente, para justificar la retractación de la medida de instrucción ordenada horas antes por la Cámara Contenciosa Electoral y muchos menos para justificar la anulación del nivel A-1 relativo al voto preferencial del referido colegio electoral, que en el mismo Auto No. 005/2010, de fecha 14 de junio del año 2010, la Cámara Contenciosa Electoral había establecido "...sin embargo en el caso que nos ocupa declarar la nulidad de la relación de votación del nivel A-1 (voto preferencial), no resolvería el problema de descuadre que ha quedado evidenciado..."
10.- Que echar para atrás la atinada decisión de ordenar la verificación y reconteo de los votos emitidos en el colegio electoral No. 0009, de Oviedo, Pedernales, constituye un revés respecto de la obligación de la Cámara Contenciosa Electoral, de rendir una justicia oportuna e imparcial, como lo demanda la sociedad dominicana y respecto del ineludible compromiso que tenemos con la transparencia, en una materia tan altamente delicada, como lo es la electoral, sobre todo, en el caso como el que nos ocupa, que pocos votos han decidido la suerte de una candidatura, dándose al mismo tiempo, la realidad de contar con pruebas de irregularidades e incongruencias en lo documentos examinados de ese colegio electoral, lo cual fue verificado por la Cámara Contenciosa Electoral.
En atención a lo antes expuesto somos de opinión, que la Cámara Contenciosa Electoral no podía admitir el recurso de revisión y solicitud de reconsideración incoado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); no podía retractarse de la medida de instrucción (preparatoria) que ordenó por el Auto No. 005/2010, de fecha 14 de junio del año 2010 y mucho menos disponer la anulación del nivel A-1 del colegio electoral No. 0009, de Oviedo, Pedernales. Con la toma de esta decisión, sin dudas, la Cámara Contenciosa Electoral violentó el derecho y afectó la transparencia que estaba obligada a ejercer respecto del caso del que estaba apoderada, ya habiendo constatado serias irregularidades e incongruencias en los datos oficiales de las votaciones del referido colegio.
El presente Voto Razonado se realiza para que se haga constar de manera íntegra en el Acta correspondiente a la sesión de fecha 16 de ¡unió del año 2010, de manera gue en toda copia o referencia a dicha Acta sobre el caso del gue versa el mismo, se haga referencia íntegramente del presente documento.
En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los dieciséis (16) días del mes de junio del
año dos mil diez (2010).
Muy atentamente

AURA CELESTE FERNANDEZ R.
Miembra Titular

Que lástima, que los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ
RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, ¨no entendieran¨, que la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, tenía el deber y la obligación de proteger el Derecho Constitucional de elegir y ser elegido, y esclarecer la cantidad de votos que corresponda a cada candidato;
Que pena que los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL no entendieran que además de su deber y su razón de ser, ellos estaban en la obligación legal y moral de establecer la verdad electoral por encima de las posiciones del PRD y del PLD por tratarse de un asunto de ALTISIMO INTERES Y DE ORDEN PUBLICO;
Que lástima que los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, firmantes del funesto Auto No.006/2010 no se percataran que con su ¨ingenuidad¨ se estaban enredando en la comisión de crímenes y delitos que los pone al alcance del Código Penal Dominicano y como consecuencia se hacían culpables de violentar preceptos constitucionales, penales y civiles que ahora tienen que reparar por haber puesto sus altas funciones públicas al margen de la ley, de la verdad, la moral y la ética;
EXPOSICION DE LOS TIPOS PENALES, CIVILES Y CONSTITUCIONALES COMETIDOS Y QUE COMPROMETEN A LOS IMPUTADOS:
A) FALSEDAD EN ESCRITURA PUBLICA.
1.- Falsedad en Escritura Pública, llamada también Falsedad Documental; que consiste en la alteración intencional de la verdad, cometida en un documento escrito y que causa perjuicio. Por eso la ley califica este hecho como un crimen;
El artículo 145 del Código Penal establece que será condenado el empleado o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometiere falsedad…..;
El artículo 146 del Código Penal establece que serán del mismo modo castigados con la pena de Reclusión todo funcionario y oficial público que en el ejercicio de su ministerio, hubiera desnaturalizado dolosa y fraudulentamente la sustancia de los actos o sus circunstancias, haciendo constar en los actos como verdaderos, hechos falsos;
Nos detenemos un instante y preguntamos: ¿Acaso no incurren en falsedad los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, miembros firmantes de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL cuando les dan lectura a la parte dispositiva de la Resolución No.469-2010, según consta en el Acta No.074-2010, cuando en su ordinal cuarto deciden: Anular, como al efecto anula, la Relación de Votación ¨A-1¨ lo correspondiente al Colegio Electoral No.0009 ubicado en la Escuela Liceo Ramón Matías Mella, del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales, en virtud de que la misma presenta mayor cantidad de votos en el nivel ¨A-1¨ que en el nivel ¨A¨;
En este caso está la primera prueba de la falsedad cometida por los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, miembros firmantes de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, porque si anularon la relación de votación ¨A-1¨, porque no le restaron los 64 votos que le sumaron al candidato del PLD, y sin embargo, sólo anulan los 99 votos del candadito del PRD;

Otra falsedad o adulteración de la verdad, cometida por los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, Jueces Miembros firmantes de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, es cuando ellos comprobaron en su Resolución No.005/2010, que existía un descuadre entre el Acta A y el Acta B de la relación de votantes, y que por eso habían ordenado el reconteo de los votos, para luego de comprobado este descuadre, sólo anular los votos del candidato del PRD y dejando como válidos los votos del candidato del PLD lo que demuestra que en este aspecto, también adulteraron el contenido de la verdad, que se coteja en el Acta ¨A¨, el Acta ¨A-1¨ y el Acta ¨B¨. (Ver Actas A, A-1, y B, anexa al expediente);
El Profesor CHARLES DUNLOP, nos ofrece en su obra ¨Curso de Derecho Penal Especial¨, una definición completa del crimen de falsedad en escritura, cuya autoría atribuye al colosal profesor francés EMILE GARCON, la cual contiene el tenor siguiente: ¨Alteración fraudulenta de la verdad de naturaleza a causar un perjuicio y realizada en un escrito por uno de los medios determinados por la ley¨;

Resulta tan certera y correcta la definición anterior, que de su contenido y contexto emergen y fluyen con autoridad meridiana cada uno de los elementos constitutivos que tipifican la infracción criminal pre-indicada; los cuales resultan ser, a saber:
1.- Alteración de la verdad en un escrito;
2.- Que la alteración se realice mediante uno de los medios determinados en la ley;
3.- El perjuicio, bien sea material, moral o social;
4.- La intención fraudulenta;
Por otro lado, en relación con el crimen de falsedad, resulta preciso señalar lo que la jurisprudencia francesa ha manifestado, al estatuir ¨que constituye una falsedad la mención falsa de un pago en un libro de comercio (Cas. 18 de junio 1891, D. VO-FAUX 156)¨, ya que los libros de comercio están dotados de especificas funciones probatorias;
En el mismo orden, tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten que la falsedad constituida sea cual fuere el valor del escrito tal que el perjuicio pudiere derivarse de ella y que hubiere intención delictuosa. (Garcon C. P. A. Art.
145, No.189, CAS. O4 de marzo 1913, B. J. 140, 15 de marzo de 1977, B. J. 76);
Finalmente las actuaciones protagonizadas por los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, Jueces Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, resultan sancionables dado lo previsto en los artículos 145 y 146 del Código Penal Dominicano;
B) USO DE DOCUMENTOS FALSOS.
Que la Resolución 006/2010, de fecha dieciséis de junio del año dos mil diez (2010), donde los señores imputados, los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, Jueces Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, falsean la verdad al despojar al Candidato a Senador por el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, de la Senaduría de la Provincia de Pedernales, en el documento utilizado para proclamar al Candidato a Senador por el PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA (PLD), como se puede comprobar en la página No.2 donde se dice: ¨VISTAS: Todas la Resoluciones dictadas por la Cámara Contenciosa Electoral de la Junta Central Electoral, las cuales deciden definitivamente sobre los recursos interpuestos por las partes que han intervenido en el proceso electoral del año 2010…..¨, y en la página No.4 donde se proclama al señor DIONIS ALFONSO SANCHEZ CARRASCO, como Senador de la Provincia de Pedernales, páginas que son parte contentiva de la Resolución No.73/2010, de fecha cinco (5) del mes de julio del año dos mil diez (2010), dictada por la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, donde se proclaman los ganadores de las candidaturas congresionales para el período 2010-2014;
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CRIMEN DE USO DE DOCUMENTOS FALSOS.
Para los profesores Rouseles y Patin existen cuatro (4) condiciones para la conformación del crimen de uso de documentos falsos, que son:
1.- Es necesarios que haya un acto de uso, al no haber la ley precisado lo que debe entenderse como uso, ello constituye una cuestión de la soberana apreciación de los jueces. Nuestra Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en ese sentido señalando: ¨Que de manera general se puede decir que toda producción de una pieza falsa debe ser considerada como un hecho de uso¨. (CAS. 15 de junio 1939, B. J. 130);
2.- Es necesario que la pieza presente materialmente las características de un
hecho castigable. Importando si el falsificador haya sido descargado o haya sido beneficiado con un ¨Auto de No Ha Lugar¨, como si hubiere actuado con intención fraudulenta.
3.- En tercer lugar, es necesario que el autor haya actuado con mala fe, lo que significa que debía tener conocimiento, en el momento de hacer uso de la pieza, de la falsedad del documento, pero no hay que tomar en cuenta el fin o el móvil que se proponía el agente infractor. Debiendo además del uso de la pieza falsa resultar un perjuicio a lo menos, es decir, la posibilidad de un perjuicio, que basta la mera posibilidad de que el perjuicio se materialice, o lo que es lo mismo, la eventualidad del perjuicio;
DE LA ASOCIACION DE MALHECHORES.
Definida como reunión de varias personas con el fin de preparar o cometer infracciones a la ley penal o cuando la asociación o reunión tiene por objeto preparar o cometer crímenes contra las personas o la propiedad, que entonces constituye crimen contra la paz pública;
Y nosotros preguntamos ¿Acaso no se reunieron los miembros firmantes de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL con la intención de arrebatarle al senador electo por Pedernales al PRD, cuando previamente habían determinado y comprobado que los 64 votos contenidos en el Acta ¨A-1¨, ya estaban sumados al PLD, mientras que los 99 votos del candidato del PRD, que aparecen en el Acta ¨A-1¨ no les fueron sumados y más aún teniendo ellos en su poder las tres (3) Actas del colegio electoral impugnado y sólo procedieron a anular el Acta ¨A-1¨ pero sólo en la parte correspondiente al PRD y no así para la parte contenida en la misma acta ¨A-1¨ para el PLD, es decir, que los firmantes de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, sólo anularon en la misma Acta ¨A-1¨, los 99 votos del PRD; pero en el acta supuestamente nula sobrevivieron los 64 votos del PLD; ¿Cómo le llamaríamos a esta reunión o asociación de los firmantes de la CAMARA CONTENCIOSA? Que no sea ASOCIACION DE MALHECHORES;
Es por eso, que el Código Penal Dominicano, en su artículo 265 establece que ¨Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades constituye un crimen contra la paz pública;
Y preguntamos: ¿Para que se hizo la reunión donde se tomó una decisión que no obstante tener en sus manos, las pruebas documentales como son las actas ¨A¨, ¨A-1¨ y ¨B¨ y que ellos mismos habían dicho en su auto No.005/2010, que comprobaron los delitos electorales que se cometieron; como es que entonces no hicieron nada para evitar que el candidato electo por el pueblo y repetimos comprobado por ellos mismos; como es posible que no cumplieran con la obligación que le impone la Constitución y las leyes a los Jueces? Comprobado queda que esa reunión sólo se llevó a cabo para que los miembros firmantes, cometieran otro crimen más, que el Código Penal Dominicano, sanciona como prevaricación, veamos:
Es por eso que el artículo 266 del Código Penal sanciona todo concierto establecido, con el propósito o con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades; y preguntamos de nuevo: ¿Acaso la CAMARA CONTENCIOSA no despojo al PRD de un senador que ellos sabían había ganado porque tuvieron y todavía tienen las pruebas documentales en sus manos? ¿Acaso no es este un despojo y por consiguiente una adulteración a la verdad electoral, que ellos mismos comprobaron como lo establece el principal documento aportado por ellos mismos como lo es la Resolución o Auto No.005/2010, rendida por ellos mismos? Ha quedado comprobada, pues la asociación y con que fin se asociaron o se reunieron;
DE LA PREVARICACION.
Su definición: ¨Término genérico con el que se designa un conjunto de infracciones calificadas como crímenes y cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones;
Lo primero a decir es que ya hemos hecho prueba de la falsedad de la verdad, contenida en los documentos públicos que los mismos miembros firmantes de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL han aportado, como son las resoluciones 005/2010, 006/2010 y 469-2010, contenida en el acta No.074/2010;
También queda hecha esta prueba con las actas de la relación de conteo de votos que tiene en su poder la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL como son las actas ¨A¨, ¨A-1¨ y ¨B¨ del Colegio Electoral No.0009 del Municipio de Oviedo, todas con su verdad adulterada, esto es, los miembros de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL prestaron sus funciones, no sabemos si por amistad, odio o temor, para tomar una decisión en contra del PRD y a favor del PLD, como muy bien lo establece el artículo 183 del Código Penal;
Y por que decimos esto, porque los miembros de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL tuvieron y tienen en sus manos toda la prueba documental que comprueban que el candidato ganador fue el del PRD y no el del PLD como ellos afirman, no obstante, repetimos, tener en sus manos las pruebas que dan veracidad a todo cuanto hemos planteado;
DE LA COALICION DE FUNCIONARIOS:
El artículo 123 del Código Penal establece que: ¨Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismo objeto lleven correspondencia o se envíen diputaciones, serán castigados con prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco años, para cargos y oficios públicos¨;
Acaso, esta parte de la autoridad pública, como los son los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, Jueces Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, no concertaron o convinieron entre si la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a la Constitución y a las leyes, como hemos venido demostrando en el cuerpo de esta querella; cuando con su consentimiento han permitido y patrocinado el despojo de un Senador electo por el pueblo en perjuicio del PRD y ellos decidieron otorgárselo al PLD, no obstante tener en sus manos toda la prueba que beneficia al candidato del PRD;
En igual sentido, se pronuncian los artículos 124 y 126 del Código Penal, estableciendo las sanciones a imponer a los funcionarios que cometan el crimen de prevaricación, ventajosamente probado en nuestras argumentaciones y documentos que acompañan el presente querellamiento con constitución en actor civil;
Es por eso que el Código Penal, define en su artículo 166 que el crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones es una prevaricación, finalmente en este aspecto, el artículo 167 del mismo código penal establece que la degradación cívica se impondrá en caso de prevaricación;
ATENTADO A LA LIBERTAD COMETIDO POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
El artículo 114 del Código penal, establece y sanciona los atentados contra la libertad y dice: Los funcionarios, agentes o delegados del Gobierno que hubieren ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorio a la libertad individual, a los derechos políticos de uno o muchos ciudadanos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de la degradación cívica;
Y a seguidas, preguntamos. ¿No se ha cometido con la anuencia y la participación los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, Jueces Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, un acto arbitrario contra el PRD y contra su candidato, señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL?;
¿No se ha perpetrado un acto atentatorio a la libertad de elegir y ser elegido y por vía de consecuencia contra los derechos políticos del PRD y de su
candidato?;
Hemos demostrado, pues, Honorable Magistrado, con abundantes pruebas y documentación copiosa la violación de los tipos penales esgrimidos por los querellantes, razón por la cual pasamos ahora a otro tipo de violación cometido por los señores miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL;
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CRIMEN DE ATENTADO A LA LIBERTAD COMETIDO POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
1.- Que sea un acto atentatorio a la libertad individual, un acto contrario a los derechos políticos de uno o muchos ciudadanos. Son los hechos por los cuales los funcionarios o agentes públicos violan los derechos de voto o elegibilidad no previstos en otras disposiciones del Código Penal ni en la Ley Electoral;
2.- Que sea hecho por un funcionario público depositario de la autoridad pública;
3.- Que el funcionario, agente o delegado en el ejercicio abuse de su autoridad;
4.- Se precisa que el agente actúe con intención delictuosa, cometiendo un acto abusivo, conociendo el carácter ilegal del hecho que cometía;
ASPECTOS CONSTITUCIONALES:
Empecemos por decir y por ver, que la Constitución de la República en su Capitulo II, sobre las garantías y los derechos fundamentales en su artículo 68 establece lo siguiente: La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley;
Más aún, el artículo 69 de la Carta Magna, estatuye lo siguiente: Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: entre estos: el numeral 2 establece: El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley;
El numeral 4: El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;
El numeral 10: Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas;
Cabe preguntar aquí: ¿Ha garantizado la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL los derechos fundamentales del PRD y de su candidato a Senador por la Provincia de Pedernales, cuando teniendo en su poder toda la documentación que demuestran que el pueblo en el uso de su soberanía popular y electoral eligió como Senador por la Provincia Pedernales a JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, y sin embargo, los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, Jueces Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, se empecinaron en la posición contraria no obstante todos los reclamos formulados? Seguro que la respuesta es obvia ¨NO¨;
Y preguntamos de nuevo ¿Se garantizó un juicio público, oral y
contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa? ¨NO¨ es también la respuesta, pues, los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, Jueces Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, al tener en sus manos las pruebas que establecían que el candidato del PRD y no le sumaron 99 votos que sacaron los dos candidatos a diputados, es obvio, que el juicio no fue ni en igualdad de condiciones ni imparcial, pues, al candidato del PLD les sumaron los 64 votos que se supone la CAMARA CONTENCIOSA anuló, pero sólo para el PRD no así para el PLD;
El artículo 73 de la Constitución estable que: La nulidad de los actos que subvierten el orden constitucional. ¨Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional…;
DE LOS DEBERES FUNDAMENTALES:
Artículo 75, numeral 12 de la Constitución: Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública;
Ninguno de estos aspectos aquí planteados fueron cumplidos ni respetados por los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, Jueces Miembros de la CAMARA CONTENCIOSA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, al momento de ejercer su función pública, razón por la cual se impone la aplicación imperiosa del Artículo 73 de la Constitución y decir que las decisiones tomadas por la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL al margen de la Constitución son nulas de pleno derecho;
OTRO ASPECTO CONSTITUCIONAL: DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS, SUS FUNCIONARIOS O AGENTES:

Articulo 148 de la Constitución. Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica;
DEL ASPECTO CIVIL; JUSTIFICACION DE LOS DAÑOS.
El artículo 1382 del Código Civil Dominicano, establece: ¨Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo¨;
El artículo 1383 del mismo código dispone: ¨Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia¨;
El artículo 1384 del ya indicado código, afirma: ¨No solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder….¨;
Que los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA miembros de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, con su actuación han causado daños y perjuicios al PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), y al señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, que están en la obligación de reparar;
Que en esta ocasión, no sólo está el daño material por los gastos
incurridos en la campaña electoral, sino, que el mayor daño es el moral, el emocional y el causado en la persona misma del candidato que ha sido despojado de una candidatura que toda la documentación electoral en poder de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL confirman que ha ganado;
Que el dolor y la pena que ha causado la actuación de los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA miembros de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, le ha producido perjuicios emocionales y síquicos que dejan secuelas de sufrimientos en el entorno familiar y en los círculos políticos del señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL;
Que el daño material asciende y ha sido evaluado en la suma de (VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS DOMINICANOS (RD$21,890,000.00), suma que debe ser repuesta en principal por quienes causaron el despojo de una candidatura ganada según la documentación que reposa en el expediente y que tienen y tuvieron en su poder en momento oportuno los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA miembros de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL;
Que el daño moral y emocional ha sido evaluado provisionalmente en la suma de TRECIENTOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS
(RD$300,000,000.00);
Que los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA miembros de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL al no tomar en cuenta toda la documentación que tienen y tuvieron en su poder que establecieron que el candidato a Senador del PRD el señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL ganó la Senaduría de la Provincia de Pedernales y al serle arrebatada se le ocasionó un daño moral y material que ha afectado en lo personal, en lo familiar y en lo económico;
Debido a que el fraude todo lo corrompe;
Que los intereses privados ceden ante el interés y el orden público;
Que los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA miembros de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, al anular el acta ¨A-1¨, sólo anuló los 99 votos del PRD contenidos en dicha acta, pero no anuló los 64 votos del PLD con lo que se demuestra el interés marcado de dañar que tenían los miembros más arriba mencionados de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL,;
Que los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA miembros de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en el conjunto de decisiones que tomaron con el interés de perjudicar al PRD y su candidato a Senador, olvidaron que el derecho electoral es de estricto ORDEN PUBLICO, por lo que no podía poner ésta regla de lado para favorecer intereses políticos contrarios a la voluntad popular;
Que procede anular todo el proceso de elección que da ganador al candidato a Senador del PLD, por que para rendir dichos fallos, los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA miembros de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, violaron la Constitución, el Código Penal, la Ley Electoral, y principios básicos de la ciencia jurídica y del derecho constitucional que constituyen principios de ORDEN PUBLICO;

Que los DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA miembros de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, han arrancado con violencia jurídica el derecho de elegir y ser elegido, respaldado por la Constitución;
Que procede aplicar la condición resolutoria a todos los actos que dictó la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, al margen de la Constitución, de la ley y de los principios jurídicos;
Que procede revocar todos los actos dictados en contra de la Constitución y de la ley;
Que procede determinar si vivimos en un estado de derecho o en un caos jurídico;
Que procede también determinar si está vigente el principio de separación de los poderes plasmado en la Constitución;
Que procede determinar si aquí está vigente el poder de la ley o la ley del poder;
Que no se puede juramentar el supuesto Senador por el PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA, so pena de caer en el crimen de coalición de funcionarios sancionado por el Código Penal;
FORMULACION PRECISA DE LOS CARGOS .
Hemos establecido de manera precisa y categórica los cargos, y la participación de los imputados DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA miembros de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en la comisión de los hechos encartados en los Crímenes de Falsedad en Escritura Pública; Asociación de Malhechores; Atentado a la Libertad Cometida por Funcionarios Públicos; Coalición de Funcionarios Públicos y Prevaricación, previstos y sancionados en los artículos 145, 146, 147, 265, 266, 114, 123, 124, 126, 129, 166, 167 y 183, respectivamente, del Código Penal Dominicano, establecidos en el relato circunstancial de los hechos;

SOPORTES PROBATORIOS DOCUMENTALES PRELIMINARES.
Documento No.1.- Copia del Acta ¨A¨ del Colegio Electoral No.0009 del Municipio de Oviedo, con la cual probaremos que al Candidato a Senador por la Provincia de Pedernales del PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), no les fueron sumados los noventa y nueve (99) votos que sacaron los dos (2) candidatos a Diputados del PRD, y que sólo les computaron los 49 votos que él obtuvo; en cambio si aparecen los sesenta y cuatro (64) que obtuvieron los dos (2) candidatos a Diputados del PLD;
Documento No.2.- Copia del Acta ¨A-1¨ del Colegio Electoral No.0009 del Municipio de Oviedo, con la cual probaremos que los dos (2) Candidatos a Diputados del PRD, obtuvieron cincuenta y siete (57) votos y cuarenta y dos (42) votos, respectivamente, y que no aparecen en el extracto de la relación de votación en el Acta ¨A¨;
Documento No.3.- Copia del Acta ¨B¨ del Colegio Electoral No.0009 del Municipio de Oviedo, con el cual demostraremos que en el nivel municipal en el Colegio Electoral No.0009 del Municipio de Oviedo, sufragaron doscientos cincuentiun (251) electores y que comprueba el descuadre entre los niveles
municipal y congresual, de los noventa y nueve (99) votos faltantes;

Documento No.4.- Copia del Acta No.0013, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil diez (2010), con la cual se hace prueba del recurso de revisión que intentó el PRD, en cuanto al descuadre del Colegio Electoral No.0009, del Municipio de Oviedo, con relación a la votación entre los niveles A y B de dicho Colegio;
Documento No.5.- Copia Certificada del Auto No.005/2010, de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diez (2010), dictado por los cinco (5) miembros de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, mediante el cual probaremos que los Magistrados de dicha Cámara, ordenaron de oficio la verificación y reconteo de los votos emitidos en el Colegio Electoral No.0009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella del Municipio de Oviedo;
Documento No.6.- Copia Certificada del Auto No.006/2010, de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil diez (2010), dictado por los cinco (5) de la CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, con los votos disidentes de los Magistrados AURA CELESTE FERNANDEZ RODRIGUEZ Y EDDY DE JESUS OLIVARES ORTEGA, con el cual probaremos la comisión de los crímenes y delitos de Falsedad en Escritura Pública; Asociación de Malhechores; Atentado a la Libertad Cometido por Funcionarios Públicos; Coalición de Funcionarios Públicos y Prevaricación, atribuible a los imputados DRES. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y JHON N. GUILLIANI VALENZUELA; todo al tenor de lo previsto y pautado por las disposiciones de los artículos 145, 146, 147, 265, 266, 114, 123, 124, 126, 129, 166, 167 y 183 del Código Penal Dominicano;
Documento No.7.- Copia Certificada de la parte dispositiva de la Resolución No.469-.2010, de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil diez (2010), la fue aprobada con el voto de la mayoría, tres (3) votos favorables y dos (2) en contra, según consta en el Acta No.074-2010, con la cual probaremos que sólo se anuló del nivel de la relación de votación A1, correspondiente al Colegio Electoral No.0009, del Municipio de Oviedo, los noventa y nueve (99) correspondientes a los candidatos a Diputados del PRD, y no así los sesenta (64) votos de los candidatos a Diputados del PLD;
Documento No.8.- Copia Certificada de la Resolución No.73/2010, de fecha cinco (5) de julio del año dos mil diez (2010), dictada por la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, con la cual probaremos la proclamación de los Ganadores de Candidaturas Congresuales para el período 2010-2016, además probaremos la consumación del uso del documento argüido de falsedad;
Documento No.9.- Original del Deudor del Pagaré Notarial, de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diez (2010), pactado entre los señores JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL Y ELIGIO JESUS DEL ROSARIO SANTANA, instrumentado por el DR. VICTOR LIVIO CEDEÑO, con el cual probaremos la deuda contraída por la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD$14,000,000.00), por el señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL,
Por estos motivos y por los que de oficio aportará al proceso, el Magistrado Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia apoderado de manera directa por mandato de los artículos 16, 17 y 25 de la Ley 25-91, orgánica de la Suprema Corte de Justicia, y por la jurisprudencia; el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), por órgano de su Presidente MIGUEL VARGAS MALDONADO, y el señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, candidato a Senador por la Provincia de Pedernales, solicitan al PRESIENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, lo siguiente:

PRIMERO: Declaréis buena y válida en cuanto a la forma el presente QUERELLAMIENTO CON CONSTITUCION EN ACTORES CIVILES, por haber
sido hecho de conformidad con las previsiones de la ley que rige la materia;

SEGUNDO: Que los Querellantes y Actores Civiles el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), debidamente representado por su Presidente, ING. MIGUEL VARGAS MALDONADO y el señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, Candidato a Senador por la Provincia de Perdernales por el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), interponen formal QUERELLA CON CONSTITUCION EN ACTORES CIVILES en contra de los señores DR. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, DRA. LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y DR. JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, dominicanos, mayores de edad, Jueces de la Cámara Contenciosa Electoral de la Junta Central Electoral, por la comisión en calidad de co-imputados de los crímenes y delitos de Falsedad en Escritura Pública; Asociación de Malhechores; Atentado a la Libertad Cometido por Funcionarios Públicos; Coalición de Funcionarios Públicos y Prevaricación, atribuible a la universalidad de los imputados; al tenor de lo previsto y pautado por las disposiciones de los artículos 145, 146, 147, 265, 266, 114, 123, 124, 126, 129, 166, 167 y 183 del Código Penal Dominicano, respectivamente;
TERCERO: Que los Querellantes y Actores Civiles el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), debidamente representado por su Presidente, ING. MIGUEL VARGAS MALDONADO y el señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, Candidato a Senador por la Provincia de Perdernales por el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), solicitan de Usted, señor PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, muy respetuosamente, dar inicio a las investigaciones de lugar y la puesta en marcha de la ACCION PUBLICA A INSTANCIA PRIVADA, a fin de que sea apoderado el JUEZ DE LA INSTRUCCIÓN correspondiente, de conformidad con la previsión del artículo 25 de la Ley 25-91, de fecha quince (15) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991) que crea la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, y la normativa procesal vigente; para que sean impuestas a los imputados las medidas cautelares y de coerción, personales o reales, contenidas en nuestro ordenamiento procesal;
CUARTO: Que los Querellantes y Actores Civiles el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), debidamente representado por su Presidente, ING. MIGUEL VARGAS MALDONADO y el señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, Candidato a Senador por la Provincia de Perdernales por el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), por medio de la presente solicitan de manera formal del JUEZ DE LA INSTRUCCIÓN que eventualmente resulte apoderado, proceda a imponer las medidas de coerción que oportunamente serán solicitadas y que fueren de lugar;
QUINTO: Que los Querellantes y Actores Civiles el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), debidamente representado por su Presidente, ING. MIGUEL VARGAS MALDONADO y el señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, Candidato a Senador por la Provincia de Perdernales por el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), por órgano y conducto de su abogado constituido y apoderado especial, LIC. RAMON EMILIO CONCEPCION, proceden formalmente a CONSTITUIRSE, como al efecto se CONSTITUYEN EN ACTORES CIVILES a los fines de reclamar oportunamente a los co-imputados DR. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, DRA. LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y DR. JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, el pago solidario de la suma de TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON DOMINICANOS (RD$321,890,000.00), como justa y adecuada reparación de los daños morales y materiales experimentados por las victimas, el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD) Y JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, merced a las violaciones de ley cometidas por la universalidad de los imputados;

RESERVAS: los Querellantes y Actores Civiles el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), debidamente representado por su Presidente, ING. MIGUEL VARGAS MALDONADO y el señor JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, Candidato a Senador por la Provincia de Pedernales por el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), Se reservan el derecho de encaminar y dirigir las acciones legales pertinentes y que fueren de lugar, contra aquellos que a lo largo del proceso de investigación pudieren determinarse que están relacionados con los hechos en que se fundamenta y basa el presente escrito, contentivo del QUERELLAMIENTO CON CONSTITUCION DE ACTORES CIVILES de que se trata, haciendo reserva, además, de ampliar la acusación durante el desarrollo del procedimiento si hubiere lugar a ello, al tenor de lo previsto y pautado por el binomio de los artículos 295 y 322 del Código Procesal Penal. En tal virtud, solicitamos, muy respetuosamente, del Honorable Magistrado que ostenta la Presidencia de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, que tenga por presentado este escrito, mediante el cual se formula FORMAL QUERELLA CON CONSTITUCION EN ACTORES CIVILES, adjunto de los elementos y documentos probatorios que la acompañan, y que los admita y que tenga por promovida FORMAL QUERELLA EN ACCION PENAL PUBLICA A INSTANCIA PRIVADA, CON CONSTITUCION EN ACTORES CIVILES, en contra de los co-imputados DR. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO, DRA. LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO Y DR. JHON N. GUILLIANI VALENZUELA, por la comisión de los crímenes y delitos de Falsedad en Escritura Pública; Asociación de Malhechores; Atentado a la Libertad Cometido por Funcionarios Públicos; Coalición de Funcionarios Públicos y Prevaricación, atribuible a la universalidad de los imputados; todo ellos al tenor de lo previsto y pautado por las disposiciones de los artículos 145, 146, 147, 265, 266, 114, 123, 124, 126, 129, 166, 167 y 183 del Código Penal Dominicano, todos ellos en perjuicio del PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD) Y JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL, ordenando las diligencias que estime pertinentes para la comprobación, sustanciación y juzgamientos de los hechos relatados.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil diez (2010);

Por el Querellante y Acto Civil, PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD):

ING. MIGUEL VARGAS MALDONADO.
Presidente

JOSE SATURNINO ESPINAL ESPINAL.
Querellante y Acto Civil

LIC. RAMON EMILIO CONCEPCION.
Abogado

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